Una publicación efímera, como todo

Ópera bufa

In Elecciones 2017, Opinión, Política, por Luis Bruschtein on 8 julio, 2017 at 12:18

“Todo el mundo sabe que si hubo corrupción en esas obras, no es lo que interesa porque lo que está en juego es la política. A los que creen que hubo corrupción no les interesan las pruebas, ni el juicio, porque ya tienen su veredicto construido en los medios”, plantea Luis Brushtein en esta nota.

Leemos hoy:

“¿Alguien se sorprendió con el pedido del fiscal Carlos Stornelli contra Julio De Vido? Respuesta: nadie. Pero no porque se pensara que De Vido se hubiera robado hasta el agua de las macetas, a pesar de que la persistencia mediática logró que muchos lo crean así. Aún hasta ellos se dan cuenta que el pedido del fiscal no viene por ese lado, sino por la campaña electoral. Todo el mundo (K y antiK) sabía que apenas Cristina Kirchner confirmara su participación en las elecciones, el partido judicial empezaría su campaña.

Lo que sorprendió fue el desparpajo del fiscal al forzar una coincidencia tan obvia donde lo judicial se revela subordinado a la política sin tapujos. Sorprendió también la pobreza de la acusación. Durante los doce años de gobierno del kirchnerismo la obra pública ascendió a 108 mil millones de dólares, la más grande, extendida y diversa, por lejos, que haya realizado ningún otro gobierno desde 1955. La mayor parte circuló por el ministerio que encabezaba De Vido. Sin embargo la causa no acusa sobornos, ni sobreprecios sino que cuestiona que los estudios de viabilidad de la puesta en marcha de Yacimientos Carboníferos Fiscales en la provincia de Santa Cruz se otorgaran a una universidad nacional y no a una consultora privada. Se dice que fue una forma de ocultar irregularidades aunque no implicó evadir ninguno de los muchos controles establecidos por ley. La obra es gigantesca y su valor total es de unos 26 mil millones de pesos, pero los estudios de viabilidad –que son los discutidos– alcanzan los 250 millones. Las obras, que fueron reclamadas por los mismos obreros mineros y pobladores de la zona, fueron paralizadas por el macrismo cuando asumió el gobierno nacional. Como están en Santa Cruz, Mauricio Macri decidió ahogar a la provincia y frenó tres obras monumentales que incluyen dos grandes represas, además de las usinas de YCF en Río Turbio. Fue una estrategia decidida para hundir a la provincia en una crisis que seguramente le redituará en las próximas elecciones.

Hay un debate legítimo –si se quiere– sobre la polución de las usinas térmicas a carbón, aunque estas en cuestión se encuentran en una zona desolada y atravesada por fuertes vientos, sumado a los avances en seguridad y salubridad de las nuevas centrales. No parece que fuera la causa judicial más indicada para exponer la corrupción desenfrenada que se denuncia. Por el contrario, reemplazar a las consultoras privadas, que por lo general pueden implicar coimas y corruptelas, por una universidad nacional que, por su gestión democrática, tiene sus propios controles internos, se presenta como una medida de transparencia.

El argumento ecológico fue esgrimido también por el macrismo para paralizar las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic a cargo centralmente de empresas chinas. Para el gobierno, Santa Cruz es la única provincia que tiene obras que atentan  contra el medio ambiente. En realidad la ecología fue un argumento para desequilibrar la economía de Santa Cruz, sacarle el negocio a los chinos y paralizar Río Turbio. Si hubiera un gobierno de derecha en la provincia, las tres grandes obras estarían en marcha. Como Donald Trump bloqueó cualquier negociación por el lado norteamericano, Macri se vio obligado a pedir perdón a los chinos y aceptar sus condiciones y, después de tantos meses de obras paralizadas por los argumentos de polución, la semana pasada los estudios de factibilidad milagrosamente dieron el visto bueno para el comienzo de las represas. Con el kirchnerismo la ecología estaba en peligro. Con el macrismo parece que no. No se trataba de corrupción ni de ecología, sino de intereses políticos y económicos de las corporaciones que sostienen al macrismo.

El fiscal Stornelli pidió la indagatoria de De Vido, su desafuero y su detención. En cualquier proceso, lo primero es la indagatoria, escuchar al acusado. Después se decide el desafuero y la detención. Este desajuste grosero se replica en todo el escenario. Todo el mundo sabe que si hubo corrupción en esas obras, no es lo que interesa porque lo que está en juego es la política. A los que creen que hubo corrupción no les interesan las pruebas, ni el juicio, porque ya tienen su veredicto construido en los medios. No les interesa que la justicia y la famosa lucha contra la corrupción sean usadas con fines políticos si lo hacen a favor de su imaginario. La política del oficialismo y las campañas mediáticas, con la invalorable colaboración de un amplio sector del aparato judicial, han naturalizado este procedimiento donde fiscales y jueces aceptan subordinarse a la política. Como es el blanco de estas campañas, el kirchnerismo lo da por descontado. Es decir, que por distintos motivos, ni K ni antiK creen en la Justicia. Es un país que no cree en la Justicia.

Nadie cree, pero hacen como si creyeran. Apenas se difundió el disparate de Stornelli, los medios corporativos pusieron su artillería sobre la corrupción K y los bloques oficialistas y opoficialistas de Cambiemos, del massismo y el llamado Justicialista, anunciaron que votarían a favor del desafuero del ex ministro de Planificación sin escucharlo y aceptando un pedido tan irregular, más allá de lo que se piense de De Vido.

El desbarajuste se armó justo cuando al mismo tiempo se estaba discutiendo un proyecto de ley de responsabilidad empresaria en donde el oficialismo había incluido un punto para desviar la información de la investigación sobre Odebrecht. La empresa brasileña, una de las constructoras más grandes del planeta, está metida en múltiples causas por corrupción en Brasil donde Marcelo Odebrecht, uno de sus dueños, fue condenado a 19 años de prisión. La constructora es socia del grupo Macri desde hace doce años y los testimonios sobre coimas en Argentina incriminaron a Gustavo Arribas, el jefe de los espías de Macri.

Elisa Carrió, denunciadora serial de “la corrupción kirchnerista”, defendió en el Congreso los intentos de Macri para tapar la investigación sobre la corrupción que involucra a sus empresas y a gente de su gobierno con Odebrecht. Y al mismo tiempo clamaba contra la corrupción del ex ministro De Vido. La oposición rechazó el intento macrista y Carrió fue criticada por otra denunciadora serial de Cristina Kirchner, la candidata del massismo, Margarita Stolbizer. Indignada, Carrió la trató de “mentirosa”: “no siempre luchó contra la corrupción” dijo. Ya se habían peleado porque Carrió había denunciado a Sergio Massa y Stolbizer había salido en defensa de su aliado.

El guión se va inclinando hacia el de una ópera bufa, con campeonato de denuncias donde cada quien elige la corrupción que le conviene, se actúa como un acto supremo de republicanismo. Es sabido que, en todo el mundo, el núcleo más grande de corrupción está en los contratistas del Estado. En Argentina las grandes fortunas se hicieron de esa manera. Y que es la construcción a gran escala la actividad que prefieren la mafia y el lavado. Hay investigaciones y películas, ficciones y documentales. Está tan difundido que es algo también naturalizado en el planeta. Carrió fue una terrible denunciadora de Mauricio Macri, cuyas empresas tienen esas características: son grandes constructoras, como IECSA, y al mismo tiempo contratistas del Estado. Ahora ya no lo critica y como es su aliada lo cubre de estos escándalos de corrupción. No es casual que a los Macri les aparezcan casi 50 firmas offshore. Pero Carrió y Stolbizer aseguran que estas revelaciones que sacudieron el escenario internacional son intentos del kirchnerismo para desviar la atención de sus denuncias. A ambas les preocupa más perder el protagonismo que les dan sus denuncias que la escandalosa autocondonación de Macri de una deuda de 70 mil millones por el Correo, instrumentada a través del ministro radical Oscar Aguad.

Todos saben que es una actuación, pero hacen como si no lo supieran, cada quien elige la corrupción que le conviene como si les interesara la corrupción y no los cargos ni el poder, cada quien denuncia lo que le conviene y tapa lo demás, sobre todo, los denunciadores seriales de la política que han adoptado ese recurso como el único posible, un recurso alimentado por los servicios de inteligencia que se cargan con esa estrategia cualquier imagen de justicia posible”.

(Leer completa la nota de Luis Bruschein haciendo click acá)

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