Una publicación efímera, como todo

Pago a los Buitres: Cinco preguntas a un Master en Derecho Internacional de la Universidad de Harvard

In Economía, Entrevistas on 15 marzo, 2016 at 4:37
"El Congreso debería ignorar el plazo irrelevante del 14 de abril y tomarse todo el tiempo que necesite para analizar en detalle y debatir en profundidad una cuestión tan trascendental como ésta", plantea en esta entrevista Sebastián Soler, Master en Derecho Internacional de la Universidad de Harvard.

“El Congreso debería ignorar el plazo irrelevante del 14 de abril y tomarse todo el tiempo que necesite para analizar en detalle y debatir en profundidad una cuestión tan trascendental como ésta”, plantea en esta entrevista Sebastián Soler, Master en Derecho Internacional de la Universidad de Harvard.

Leemos hoy:

“¿Por qué el Gobierno está tan apurado por aprobar el proyecto de ley y cerrar el arreglo con los fondos buitre?

Semejante apuro es la consecuencia inevitable del fracaso del Plan A, que prometía empaparnos con una lluvia de dólares gracias al shock de confianza que provocaría la asunción del presidente Macri. Pero a pesar de que el gobierno devalúo 50 por ciento y sigue devaluando, a pesar de que el gobierno aumentó notablemente la tasa de interés en pesos y la sigue aumentando, y a pesar de que relajó todos los controles a los capitales golondrina, prometiéndoles que todas las divisas que trajeran se las podían volver a llevar en apenas cuatro meses, los dólares no sólo no llovieron, sino que ni siquiera garuó un poquito. Por eso ahora se ofrece a las apuradas un arreglo malo con una quita exigua.

Y también debería preocuparnos cuál va a ser el uso que se le va a dar a los dólares del endeudamiento externo que se contraiga después de pagarle a los fondos buitres; es decir, a los dólares que se logren conseguir después de que entren y salgan por la puerta giratoria los miles de millones de dólares que se terminen necesitando para pagar este arreglo (¿11.000 millones o 15.000 millones de dólares?, no lo sabemos pues el proyecto de ley no lo precisa). Porque en un contexto donde se ha liberado la cuenta capital y se ha renunciado a regular prioridades para el uso de divisas escasas, mucho me temo que esos dólares se terminen arrojando al pozo ciego sin fondo de las presiones cambiarias típicas del segundo semestre de nuestro ciclo económico, en lugar de utilizarse para solventar proyectos de infraestructura o auxiliar a las provincias. Si queremos minimizar ese riesgo, por lo menos habría que demandar que el proyecto del Poder Ejecutivo se modifique para establecer que los primeros dólares que se obtengan se transferirán directamente a las provincias.

¿Podríamos ganar algo si no nos apuráramos tanto?

Por supuesto. Basta observar lo que consiguió Paul Singer apurándose un poco menos. A Singer le bastó plantarse dos semanas para lograr que la quita del 30 por ciento que le correspondía bajo la propuesta inicial del gobierno se redujera a 25 por ciento, y a 21 por ciento cuando se agrega el pago de hasta 235 millones de dólares en honorarios de sus abogados (honorarios que no se acordó pagar a los demás buitres y holdouts de Nueva York), y el supuesto costo de transar reclamos fuera de la jurisdicción de Nueva York, una rebaja para nada desdeñable teniendo en cuenta que el grupo de fondos liderados por Singer que se beneficiarán con este acuerdo diseñado a medida reclaman 5891 millones de dólares en total.

¿Pero el Congreso no está sujeto a un plazo inexorable del 14 de abril porque si para entonces no se derogaron las leyes “cerrojo” y no se pagó lo acordado se caen todos los acuerdos y queda sin efecto la orden de Griesa que ordena levantar la cautelar pari passu una vez cumplidas ambas condiciones?

No, de ninguna manera. La propuesta general anunciada por el ministro Prat-Gay en febrero contemplaba un plazo de 120 días para tratar el proyecto (prorrogable hasta 150 días a criterio de la República Argentina), y ese es el plazo aplicable a todos los preacuerdos, menos al diseñado a medida para Singer, que es el único en el que se pactó que las partes tienen derecho a rescindir si no se recibe el pago antes del mediodía del 14 de abril. Pero no es cierto que eso signifique que el Congreso sólo tiene tiempo hasta el 14 de abril para aprobar el proyecto porque si no se caen todos los acuerdos y queda sin efecto la orden de Griesa. Esto no lo digo yo solamente, lo afirmaron también los abogados de la Argentina en la audiencia del 1 de marzo en el juzgado de Griesa y lo confirmó Griesa mismo cuando el 2 de marzo dictó su orden sin la aclaración en sentido contrario que le pedían los fondos buitres. Singer apeló esta decisión de Griesa.

Lo único que sucederá el 14 de abril si el Congreso todavía no ha derogado las leyes y Singer no ha cobrado es que Singer tendrá que decidir si rescinde el acuerdo o no. Si elige no rescindirlo, obviamente no pasa nada, y si lo rescinde el único acuerdo que se cae es el suyo, lo que francamente sería una buena noticia dadas las mejoras indigeribles que obtuvo en ese acuerdo especial (quita superior, prioridad en el cobro, pago de honorarios legales), pero los demás acuerdos subsisten, y si posteriormente el Congreso deroga las leyes, el Poder Ejecutivo puede pagarlos y lograr que la cautelar Pari Passu se levante de inmediato. Y si el gobierno lo desea, más adelante puede negociar con Singer un nuevo arreglo (por supuesto sin la rebaja de nueve puntos porcentuales concedida ahora) con la ventaja de que Singer ya no tendrá a su favor el arma de la cautelar.

Por lo tanto, el Congreso debería ignorar el plazo irrelevante del 14 de abril y tomarse todo el tiempo que necesite para analizar en detalle y debatir en profundidad una cuestión tan trascendental como ésta.

¿Hay un riesgo de que los tenedores de bonos emitidos en los canjes anteriores reclamen el mismo trato que los fondos buitres basándose en la RUFO?

“Técnicamente” es improbable que una demanda así prospere porque la cláusula RUFO, conforme su letra, venció el 31 de diciembre de 2014. Pero hay dos importantes notas al pie “prácticas” a esa conclusión técnica.

La primera aclaración es que la conducta errática y extravagante exhibida hasta el momento por la justicia de Nueva York en este caso no permite descartar por completo que un juez más imaginativo que nosotros le encuentre la vuelta para fallar de otro modo. Y tengamos en cuenta que nuestro flamante “aliado”, el juez Griesa, aparentemente ha expresado su decisión de jubilarse luego de que pague este arreglo y desconocemos quién lo reemplazará o qué opina sobre estas cuestiones.

La segunda aclaración es que cuando se dice que no debería “prosperar”, lo que estamos diciendo es que la sentencia final, luego de agotadas todas las instancias de apelaciones, debería rechazar una demanda bajo la RUFO, pero el problema es que el mero inicio de una demanda así y la cuantía del costo total potencial, generaría una contingencia que complicaría o encarecería los costos de financiamiento de la Argentina, de las provincias y de las empresas. Sobran los ejemplos de calificadoras y banqueros de inversión a quienes cualquier excusa les viene bien para exigir primas de riesgo por contingencias que desde el sentido común parecen improbables.

¿Pero no hay algo que se pueda hacer para mitigar el riesgo de demandas RUFO?

Sí, claro. Por lo menos deberíamos mitigar el riesgo, quitándole esa posibilidad a los principales sospechosos mediante una simple modificación de los preacuerdos ya firmados. El proyecto de ley contempla en el artículo 7 y todos los acuerdos (incluyendo el de Singer) ya incluyen, como no podría ser de otro modo, una cláusula por la cual el demandante renuncia a todos sus reclamos bajo los bonos defaulteados en 2001 que posee. Necesitamos agregar a esa cláusula una declaración del demandante en la que reconoce que la cláusula RUFO ha expirado y que renuncia a demandar a la Argentina reclamando un trato igual al del proyecto por bonos emitidos en los canjes que posea en la actualidad o adquiera en el futuro. Si demandar bajo la RUFO es efectivamente imposible, ningún fondo buitre o holdout debería tener problema en aceptar esa cláusula adicional, pero si se niegan, entonces significa que el problema lo tenemos nosotros. Incluir esa cláusula no eliminaría el riesgo de que otros bonistas del canje demanden por la RUFO, y el líder de un grupo de bonistas italianos ya ha advertido que están evaluando hacerlo, pero por lo menos nos evitaría el bochorno de que lo hagan los mismos fondos buitres después de cobrar los miles de millones de dólares que les entrega este arreglo”.

(Leer completa la entrevista a Sebastián Soler haciendo click acá)

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